Llego la jubilación y se quedó en su obra social con Plan Superador. Desde Amparando Salud pudimos conseguir este derecho, mantener su obra social

Llego la jubilación y se quedó en su obra social con Plan Superador. Desde Amparando Salud pudimos conseguir este derecho, mantener su obra social

La pregunta que se repite de parte de nuestros clientes y visitantes en la página web de Amparando Salud, es ¿Me puedo quedar en mi obra social, al momento de la jubilación?  ¿Tengo un plan superador que me ofreció el trabajo, puedo seguir una vez jubilado?

Nuestra respuesta es si, pero no solamente lo decimos nosotros como abogados, sino que lo respalda la jurisprudencia (fallos de los jueces) y por eso creemos importante la difusión de este derecho.

En esta causa en particular, Rosa tiene una afiliación a Unión Personal, con un plan superador en Accord Salud, llego la hora de la jubilación y ante su pedido iniciamos el trámite para que se quede y pueda usar su obra social en las mismas características que lo hacía en actividad.

La sentencia de la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL – SALA II, determino que … “la condición de jubilado no implica su traslado al I.N.S.S.J.P., sino que subsiste en la esfera de la autonomía de la voluntad del ex trabajador el derecho de permanecer en la obra social en la cual se encontraba afiliado hasta entonces, en cuyo caso el I.N.S.S.J.P. debía efectuar el reintegro por quienes continuaran en el régimen original, cuestión que debía ser convenida entre ambos entes, sin participación de los afiliados, supuesto previsto en la ley 23.660 y su decreto reglamentario 576/93”, esto es simplemente la posibilidad de elegir en que obra social me quiero quedar, y así poder hacer el reclamo a la obra social o Prepaga.

Más adelante sigue la sentencia…  “de lo expuesto en los párrafos precedentes demuestra que el hecho de que la señora A,. afiliada a la obra social demandada durante su etapa laboral activa- haya obtenido la jubilación, no significó que el vínculo antedicho debiera finalizar de manera forzosa, sino que subsistía en la esfera de la autonomía de su voluntad el derecho a permanecer bajo la cobertura de la accionada, tal como lo ha señalado el magistrado preopinante, y lo ha decidido este Tribunal”.

La pregunta inicial se contesta favorablemente, no garantizamos un resultado, al contrario, la garantía está en que hacemos valer un derecho existente en la ley que de apoco sacamos a la luz, reclame su permanencia en su obra social al llegar la jubilación, sabemos como hacerlo.

*Causa n° 2830/2016, A,. R. C. c/ OBRA SOCIAL DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN s/AMPARO DE SALUD.

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Plan superador obra social

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Comentario al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quien paga los honorarios?

Por Martin Sabadini[1]

 

 

El 4 de julio pasado se conoció un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que si bien fue receptado por los principales medios de comunicación, no trajo algo muy novedoso en el accionar de la Corte. Usualmente estos fallos son esperados porque son producto del accionar político de los ministros, a veces acompañando, a veces poniéndole un freno a la política nacional.

 

Jurídicamente es poco lo que tenemos para decir, pues todo/a abogado/a que transite el Fuero del Trabajo sabe que el que pierde un pleito, salvo excepción, deberá pagar las costas, esto es los honorarios de los profesionales intervinientes.

 

El principio de gratuidad otorgado en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, debemos tener presente esta premisa desde arranque, da protección a la vivienda del trabajador, la cual no puede ser afectada al pago de costas pero no va más allá ni establece un marco protectorio más amplio.

 

La Dra. Diana Cañal, integrante de la Sala III CNAT, en su voto toma el artículo 68 del CPCCN y dentro de sus facultades exime de responsabilidad en la costas al trabajador, haciendo un planteo de acceso a la justicia, con consideraciones de la Corte Interamericana en el caso “Cantos”[2] sostiene que “…Este Tribunal estima que para satisfacer el derecho de acceso a la justicia no basta que en el respectivo proceso se produzca una decisión judicial definitiva. También se requiere que quienes participan en el proceso puedan hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas o excesivas a causa de haber recurrido a los tribunales.”

 

También manifiesta algo que si debemos tomar e impulsar con mayor fuerza,  “la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha desarrollado estándares sobre el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales. En tal sentido, “la obligación de los Estados no es sólo negativa -de no impedir el acceso a esos recursos- sino fundamentalmente positiva, de organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos”.[3]

 

¿Tenemos en nuestros tribunales y en nuestra justicia recursos idóneos? ¿El acceso a la justicia no se encuentra especialmente obstruido por la falta de jueces y juzgados en ruinas y no por el pago de honorarios cuando perdemos un juicio?

 

Los/as abogados/as debemos luchar fuertemente para el logro de un mejor acceso a la justicia, pensemos por un momento si en este proceso iniciado en el año 2011, en los primeros dos meses se hubiera realizado la pericia médica, y los mecanismos de resolución de conflictos se hubieran puesto en marcha, seguramente hoy no hablaríamos de esto.

 

Volviendo al fallo de la Corte, los titulares de los diarios y los mensajes enviados a la opinión publica, son del tenor “El que pierde un juicio laboral debe pagar todo”, lamentablemente esto es habitual en cualquier proceso, pero la Corte manda al tribunal de origen a dictar nueva sentencia. Aquí nos podríamos encontrar con que el juez de primera Instancia pueda dictar costas por su orden, o simplemente imponer las cotas totales del proceso al perdedor.

 

Nos hace mucho ruido esta excepción a la regla de la cuestión Federal y entrar en el análisis de derecho común, más cuando se beneficia a una compañía aseguradora de riesgo del trabajo, esperamos que esta tónica de trabajo del alto tribunal no continúe, pero algo nos dice que llegó para quedarse.

 

Algunas cuestiones a tener en cuenta para los profesionales

 

Así como el juez va ser quien valorará la injuria o la prueba en pleito, somos los/as abogados/as quienes actuamos como primeros/as jueces de nuestros casos y debemos tomar plena conciencia hacia donde llevamos a nuestro cliente y si el proceso judicial podrá tener éxito o tiene pocas chances de llegar a un reconocimiento favorable.

 

Dialogando con un gran profesional del derecho del Trabajo, el Dr. Nicolás Liberatore, me comentaba lo poco difundido de la práctica entre los/as colegas de las cláusulas de consentimiento informado en los pactos de cuota litis, esto es hacer saber y dejar plasmado por el cliente, el riesgo que podemos correr si no se efectúan bien las diligencia judiciales como traer a los testigos, concurrir a las audiencias, aportas pruebas contundentes, etc. todo esto para garantizar un cuidado de nuestro trabajo y de la responsabilidad profesional.

[1] Amparando Salud

[2] Caso “Cantos” Sentencia de 28 de noviembre de 2002 Serie C No. 97 – Corte Interamericana de DDHH.

[3] El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales.  Estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de derechos humanos – Resumen ejecutivo

http: //www. cidh.org /countryrep / accesodesc07sp/Accesodesci-ii.sp.htm

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Niña con TEA obtiene su tratamiento gracias a Medida Cautelar

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El último mes del año, no es un mes normal para los padres de niños con alguna discapacidad.

Los tramites en las obras sociales se vuelven eternos y la suma de papeles que se deben presentar son innumerables. Las famosas renovaciones de las terapias, traslados y asistencias para los niños y niñas se hacen agotadoras.

Si solo fuera la presentación de lo pedido, tal vez sería una más de nuestras obligaciones como padres, pero siempre está al acecho “El Rechazo” el “me falta una firma del médico” “está mal realizado el pedido”, todas excusas para negar la prestación solicitada.

Con estos problemas llegan nuestros clientes, y aquí en Amparando Salud, le damos solución.

El Juzgado Federal de Quilmes, otorgo una medida cautelar, ante el rechazo de la obra social Andar, donde se le otorga a una niña de dos años la cobertura integral y total (100%) del tratamiento para el trastorno de espectro autista (TEA) requerido para la menor, que comprende las siguientes prestaciones: psicología 6 sesiones semanales, psicopedagogía, neurolinguística   2   sesiones   semanales,   terapia   ocupacional   2   sesiones semanales,  más integración   sensorial.   Todo   ello   en   un   centro   integral especializado,   además   de   un   acompañante   terapéutico   en   proyecto   de integración escolar, más el traslado de la menor, entre su domicilio y donde se realiza las terapias. Esta medida fue apelada por la obra social, y la Cámara federal de La Plata Sala I, ratifico lo ordenado por el juzgado.

La Cámara dice en sus considerandos …“Debe tenerse en cuenta, la condición de persona con discapacidad de la menor A. D. R. B. , acreditada en autos con el certificado pertinente. En su mérito, halla amparo en las disposiciones de la ley 24.901 de protección integral de las personas con discapacidad en tanto, como expresó la Corte Suprema de Justicia  “…ello   obliga   también   a   asegurarle   los   tratamientos médicos en la medida en que no puedan afrontarlos las personas de quienes dependa o los entes de la obra social a los que esté afiliado. Mediante dicha ley se creó un sistema de prestaciones básicas “de atención integral a favor de   las   personas   con   discapacidad”   y   se   ha   dejado   a   cargo   de   las   obras sociales   comprendidas   en   la   ley   23.660   la   obligatoriedad   de   su   cobertura (arts. 1 y 2)”  (1)

En el caso, resulta comprobado que la actora es afiliada a ANDAR así como el padecimiento del Trastorno del Aspectro Autista de su hija   menor,   la   necesidad   de   los   tratamientos   indicados,   así   como   del acompañamiento terapéutico, y los beneficios que ello le provocan Asimismo,   la   situación   de   discapacidad   del   menor   y   las repercusiones negativas en su salud psico-física que provoca la situación descripta, justifica la necesidad de adoptar una solución urgente, en lugar de supeditarla a los tiempos que pueda demandar la culminación del proceso de amparo.

Gracias por seguir confiando en nosotros, Amparando Salud, sabemos como resolver tu problema.-

1.- R. R. S. Y OTRO c/ OBRA SOCIAL DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ANDAR) s/ AMPARO LEY 16.986.-

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