Amparando Salud afiliacion Obsba

CON AMPARANDO SALUD, OBSBA TAMBIÉN ES PARA LOS JUBILADOS/AS

CON AMPARANDO SALUD, OBSBA TAMBIÉN ES PARA LOS JUBILADOS/AS

Gran parte de la protección de la salud en la ciudad de Buenos Aires, depende de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, organismo que tiene bajo su afiliación a empleados del Gobierno de la Ciudad  en distintos ámbitos laborales.

Así es que se acercó al Estudio Sierra, en colaboración con Amparando Salud, una docente apenas jubilada.

Esta docente no pudo conseguir la afiliación como jubilada a la Obsba, por no tener 15 años de aportes (Disposición N° 03/Ob.SBA/2014).

Ante el atropello de la Constitución de la Ciudad, la CN y varios tratados Internacionales de protección a la salud, iniciamos un amparo  con Medida Cautelar para conseguir la negada afiliación a la obra social.

El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Número 15 Secretaría 30, resolvió favorablemente la medida cautelar solicitada por Amparando Salud y ordenó la inmediata afiliación.

Algunas consideraciones de la orden judicial… “cabe señalar que el pretendido requisito temporal previsto por la Disposición 03/ObSBA/2014, parece encontrarse prima facie en contradicción con las normas antes reseñadas. Así, la exigencia de permanencia en la Obra Social siempre y cuando se cuente con quince (15) años de aportes al momento de acceder a la jubilación, podría ser contraria no sólo a los principios constitucionales reseñados, sino también a lo normado expresamente por la ley 472, en tanto su artículo 19 no establece distinción, condicionamiento o requisito alguno dentro del universo de sus beneficiarios y aún, contraría el mismísimo Reglamento de Afiliaciones de la ObSBA que, como se ha señalado, consagra como afiliados titulares obligados pasivos a quienes “…hayan recibido o reciban en el futuro prestaciones previsionales por su condición de ex-agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires” (art. 3)”.

“Por las razones expuestas, RESUELVO: 1. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora y, en consecuencia, ordenar a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires que incorpore a la Sra. M. S. L.  como afiliada titular pasiva de dicha entidad, en los términos del artículo 19, inc. c de la ley 472 y el art. 3 del Reglamento de Afiliaciones –aprobado por resolución N° 398-Ob.SBA/2–, y preste los servicios de cobertura de salud correspondientes”.

Gracias por seguir confiando en nosotros, Amparando Salud, sabemos cómo hacer valer tus derechos.

 

 

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Amparos de salud TEA

Nueva logro de Amparando Salud de Cobertura Integral a un menor con TEA por parte de Osde

Llegar a fin de mes hoy es complicado, imaginemos lo que pasa en una familia donde tenemos un/a niño/a con algún Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especifico o Trastornos específicos del habla y del lenguaje, Asperger o TEA.

Los gastos se duplican, viajes especiales, terapias no cubiertas por las obras sociales, especialistas fuera de cartilla y muchas costos más.

La falta de cobertura integral o  al 100% de los terapias, es una de las consultas recurrentes en Amparando Salud;  así llega una  familia que nos pide tomemos el caso para que la Prepaga Osde cubra estas terapias (2 sesiones SEMANALES de  fonoaudiología, Terapia ocupacional dos sesiones semanales,  Floortime/ psicopedagogía dos sesiones semanales, terapia conductiva conductual a domicilio cuatro sesiones semanales, más la  integración escolar y el transporte para la menor desde su hogar a las terapias de ida y vuelta con dependencia). La prepaga solo cubría un 50% de los gastos, poniendo en riesgo la economía y la salud de la menor.

Nos pusimos a trabajar, y logramos rápidamente el dictado de una Medida Cautelar, en la cual el Dr. Marcelo Gotta titular del Juzgado Federal Civil y Comercial Nro. 8, determino: “…corresponde disponer la cobertura solicitada –habida cuenta que en atención a la patología que presenta la menor, debe asegurarse la permanencia y continuidad del tratamiento que ya se encuentra realizando (conf. C.S.J. doctrina causa V.1389 XXXVIII, “V.,W.J. c/ OSECAC s/ sumarísimo” del 2.12.04) independientemente de lo que pueda surgir de las disposiciones administrativas de la accionada (conf.C.1° CC Bahía Blanca, Sala I, causa del 9.2.99, L.L. t. 2000-B, pág.90” además de la particularidad no menor que es la forma y tiempo de pago de las prestaciones y así lo dice  “con la modalidad de pago dentro del plazo de quince días de presentada la facturación mensual correspondiente, debiendo continuar en forma ininterrumpida cubriendo el costo de dicha prestación, de acuerdo a las indicaciones y por el tiempo que prescriba la médica tratante”.1

Seguimos trabajando todos los días en la búsqueda de consolidar derechos, sabemos cómo hacerlo desde Amparando Salud, con un equipo de profesionales preparados y atentos a tus problemas. Gracias a las familias por su confianza,  No dudes en consultarnos.

1. JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 8 Expte. 5155/2017 C.A.  c/ OSDE s/AMPARO DE SALUD

 

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Sabadini Martin

Comentario del fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre CNT 54591/2011CA1, “FONTANA, MARIANA ANDREA C/ BRINK´S ARGENTINA S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE- ACCIÓN CIVIL”

Comentario del fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre CNT 54591/2011CA1, “FONTANA, MARIANA ANDREA C/ BRINK´S ARGENTINA S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE- ACCIÓN CIVIL”
Por Martin Sabadini
“Si eres neutral en situaciones de injusticia,
has elegido el lado del opresor”.
Desmond Tutu

Dado el impacto provocado por el fallo en los medios periodísticos,, es preciso realizar algunas consideraciones respecto de “las sumas de las indemnizaciones” y “como se evita por parte de la Corte un desmadre en la economía de las compañías y en las empresas aseguradoras de riesgo de trabajo”.
-La trabajadora Mariana Fontana al momento de su accidente tenía 23 años.
-Su enfermedad profesional comienza en el año 2009
-Fue despedida en febrero de 2011
-La Sala III dictó sentencia de segunda Instancia el 13 de noviembre de 2015.
Desde el despido hasta la sentencia de la Corte pasaron 6 años, todavía este pleito no quedó firme, por lo cual la trabajadora no ha cobrado ni se ha reparado, por ninguno de los sistemas propuestos, tanto la LRT como por una reparación integral del daño, su lesión en la salud.
Nos encontramos aquí con una injusticia provocada por retardo o inacción de la justicia que ya nunca va ser reparada, más allá de los índices de intereses que puedan adicionarse a la sentencia definitiva. Esta trabajadora seguramente ya no creerá en la justicia del Trabajo, ya no esperará que le solucionen su problema, solo esperará una suma de dinero que no remediará nada y es lo más probable que se esfume en gastos corrientes y pago de deudas que se fueron acumulando durante todos estos años.
La Corte toma este expediente y, como cuestión llamativa, reprueba la forma de dictar sentencia de la Dra. Diana Cañal, la cual tiene detractores y seguidores, pero de la que no podemos negar su capacidad y conocimiento del Derecho en general y del Derecho del Trabajo en particular.
Y lo hace en un momento donde los jueces laborales están cuestionados por sus sentencias y denunciados ante el Consejo de la Magistratura, sumando está fallo a una larga lista y de sentencias conformes a la política judicial.
Para analizar el fallo debemos primero hacer una detenida lectura de la sentencia de la Sala III, la cual va recorriendo muy detalladamente los distintos agravios de la parte actora y demandada, desmenuzando la responsabilidad frente al nuevo código Civil en el marco del art. 1740 contra la tarifa de la Ley de Riesgo de Trabajo.
Y quiero remarcar un dato no menor en el daño de la actora Fontana, la destrucción de su vida familiar en razón de esta enfermedad-accidente, como termina afectando el entorno familiar y asi lo remarca la transcripción de una parte de la pericia Psicológica ….“Desde ese momento refirió haber padecido y continuar padeciendo cambios significativos en su estilo de vida ya que no puede barrer, no puede cargar a su hijo, no puede levantar una olla para cocinar, no puede subirse a un colectivo, no puede irse de la casa de sus suegros ya que no puede pagar un alquiler por (que) no tiene trabajo, y no puede volver a insertarse en el mercado laboral. Se está tratando porque está pagando de manera particular el Hospital Italiano. También se le está afectando la otra mano por forzarla. A partir de esto requiere la ayuda de su madre siempre. Con un nene de 5 años, el cual requiere mucho trabajo según sus dichos no puede sola y requiere la ayuda de su madre para todo, lo cual le produce mucha frustración” De esto hablamos más arriba, la injusta reparación tardía de la maquinaria judicial, ¿cuándo llegue que podrá reparar?
Otro análisis detallado es la fijación de los intereses desde la consolidación del daño, pero de las más de 62 fojas de la sentencia solo en pocos párrafos determino el monto indemnizatorio… “Por estos motivos, corresponde considerar que tanto la ART cuanto las empleadoras son solidariamente responsables por el daño provocado, y deberán responder por éste. A los fines de realizar el cálculo indemnizatorio, tendré en cuenta el salario de $ 1.526, el cual llega consentido a esta Alzada, y el porcentaje de incapacidad determinado por los profesionales convocados a fs. 411/418 y 436/443 (que totalizan 17,32%) con las salvedades ya efectuadas, y demás datos personales y profesionales del trabajador. La reparación, entonces, se encuentra fundada en el los ya referidos arts. 1740, 1738, y 1746 del nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina. En consecuencia, fijaré la medida del daño material en cálculos hodiernos en la suma de $ 958.640 (novecientos cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta pesos).”.
Aquí la Corte da su golpe y califica de orfandad de sustento para justificar de donde viene el numero de la indemnización, ¿cuáles son los cálculos para llegar a ella? Así la Corte lo tiene dicho en reiteradas oportunidades que debe existir un método y sus fundamentos para indemnizar la reparación integral.
*Todo método, tope, tarifa o fórmula que no asegure esa reparación integral y la tutela de los derechos fundamentales de las víctimas, adolece del vicio de inconstitucionalidad, por apartamiento de la realidad económica en los términos propuestos por la Corte Sup. (Fallos 307-933 y concs.).
*Falta de fundamentación suficiente de la sentencia, que se opera cuando el fallo no pondera explícitamente las variables relevantes para fijar la indemnización (edad de la víctima y reclamantes, ingresos, expectativas futuras, nivel de vida, etc.) (Fallos 302-195).

Mas allá de esto la Corte le ordena a la Sala III, que dicte un nuevo fallo bajo los lineamientos de fundamentación para una reparación. Aquí está la clave que seguramente tomaran los Camaristas laborales, una nueva sentencia con fundamento extenso y lógico de por qué se le debe reparar integralmente con la suma de casi un millón de pesos, y si eso pasa, nada se podrá reclamar, pues estará ajustada a Derecho.
Salgamos de los títulos en miles de pesos y miremos las intenciones de los fallos, que, ante la crisis laboral, la crisis de los tribunales locales de trabajo, la multiplicidad de leyes y decretos de vulneran la salud del trabajador, son sacan del foco, la inminente perdida de derechos laborales.

Fallo Corte

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Amparando Salud

El PROFE no es una obra social!

 

 Se conoció en estos días una sentencia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires N° 21, de la Dra. María Soledad Larrea, donde se ordenó la Afiliación al co-actor, quien tiene una discapacidad (Hipoacusia bilateral), y fue desafiliado de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OSBA) por una presunta afiliación al PROFE.[1]

Todos los que trabajamos, asesoramos, o conocemos alguien con una discapacidad, sabemos de la existencia del ex PROFE, un programa federal de salud que viene a suplir la falta de obra social para los beneficiarios de pensiones por discapacidad, es una “intención de otorgar salud” pero solo queda en eso, una intención.

La OSBA, al cruzar la información y percibir que el afiliado tenía una pensión, tomó como “Obra social al PROFE”. Esto fue un gran error y la sentencia lo hace saber duramente en sus argumentos cuando establece que “resulta sorprendente la liviandad rayana en la negligencia con la que se confunde un programa de apoyo de salud como es el Programa Federal Incluir Salud (exPROFE) con una obra social, particularmente considerando que lo que estaba en juego era la decisión de desafiliar a una persona discapacitada y, consecuentemente, dejarlo sin cobertura médica”.

Esta situación irregular se sostuvo por casi cuatro años en los que el actor estuvo sin cobertura, el motivo es simple: OSBA demostró un desconocimiento supino de la legislación vigente y el error no fue subsanado ni siquiera con las gestiones realizadas como trámite administrativo previo.

Desde Amparando Salud sostenemos, y así lo manifiesta la sentencia,  la persona con discapacidad es titular de una especial protección que dispone la Constitución Nacional, la de la ciudad de Buenos Aires y toda la batería de Convenios Internacionales de Derechos Humanos incorporados por el art. 75 inc 22 de la CN.

Como nota de color, la Magistrada pone de relieve los valores institucionales que desde el portal  web de la Obra Social proclaman: “Solidaridad, Integridad, Responsabilidad, Equidad, Compromiso, Entusiasmo, Innovación, Vocación comunitaria de servicio y de dialogo” y agrega en forma contundente que tal vez el único que estén cumpliendo sea el de la equidad, pues el criterio que implementan en materia de afiliaciones es igualmente restrictivo y arbitrario en cualquiera de las situaciones.”

La persona con discapacidad tiene derecho a la protección integral. Si se encuentra con obstáculos, reclame sus derechos.

[1] “COLMAN, Elisa Cristina y otros c/ Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo”, Expte. n° A1703-2017/0

Amparando Salud

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Martín Sabadini

El trabajo es salud (en condiciones adecuadas)

 Por Martín Sabadini y Sergio Derecho en Zapatillas  | El 27, Ago 2017

Por sus tareas laborales, un trabajador entrerriano quedó sordo. Y tuvo que transitar varios años por tribunales para que le reconozcan su hipoacusia como enfermedad profesional. El derecho de recibir los elementos de protección adecuados es fundamental.

 Edición a cargo de Sergio Mohadeb

Trabajador con hipoacusia – los oídos sordos de la ART

Una enfermedad profesional es la que deriva de la tarea o del lugar de trabajo. Finalmente y tras varios años de litigio se le reconoció al trabajador su enfermedad profesional, hioacusia o perdida de la audición, y el pago de la reparación económica por su disminución en la capacidad laboral.

El fallo trae algunas cuestiones de vital importancia que como trabajadores debemos saber. En primer término, tener siempre presente los resultados de los estudios médicos previos a la entrada al trabajo, o simplemente saber si se realizaron alguna vez. Es un deber de la empresa hacerlos.

Por otro lado, está el derecho de pedir los elementos de protección física en el ámbito del trabajo. Y otro tema fundamental, es el desmedro de derechos que sufre el trabajador en las Comisiones medicas de la Superintendencia de Salud.

Del relato de la sentencia surge que por el solo hecho de no poder realizar un estudio medico, cuando en realidad se deberían realizar tres (¿siempre hay que ahorrar en estudios?) trajo aparejado la falta e certeza si el trabajador tenía una pérdida de audición.

Este dictamen desfavorable fue apelado, y la Cámara determino la validez del único estudio que había en el expte, el cual determinaba perdida de audición del trabajador, también determino el ambiente insano de trabajo (ruidoso) y por sobre todo la máxima que determina si no se han realizado estudios de ingreso o los mismos conforman el buen estado de salud del trabajador, dan por sentado que se ha perdido capacidad laborativa por motivos al trabajo.

¿Donde radica la importancia de que las cuestiones de salud laboral y accidentes se diriman en los juzgados laborales? Pues es el ámbito de seguridad que tiene el trabajador. Aquí el juez va ordenar la realización de pericias médicas, de higiene y seguridad imparciales, que serán la base para determinar si las patologías o secuelas de los accidentes, tienen que ver con el trabajo.

Según se argumenta, los trámites administrativos previos de las Comisiones médicas, no garantizan el derecho de defensa, y la imparcialidad de sus miembros, dado que los médicos de las Comisiones son pagados por los aportes de las propias ART demandadas. Por lo tanto y mientras esto se corrija, está el derecho de impugnar sus decisiones, como pasó en el caso.

 

 

Anexo con la sentencia completa sobre hipoacusia como enfermedad profesional

Expte. nº 615/SL – “SSS, Juan Jose c/ … ART S.A s/ apelación dictamen de comisión médica” – CÁMARA DE APELACIONES DE GUALEGUAYCHÚ (ENTRE RÍOS) – SALA II LABORAL – 16/06/2017

/ / / -C U E R D O:-

En la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a los dieciseis días del mes de junio del año dos mil diecisiete, se reúnen los Señores Miembros de la Sala II Laboral de la Excma. Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, su Presidente Dr. Vicente Martín Romero, y los Sres. Vocales Dres. Alberto Adrián Welp y Fabián Arturo Ronconi, para conocer el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados “SSS, JUAN JOSE C/ .. ART S.A S/ APELACION DICTAMEN DE COMISION MEDICA” Expte. Nº 615/SL, respecto de la sentencia de fs. 142/144 y vta. De conformidad al sorteo oportunamente realizado, la votación tendrá lugar en el siguiente orden: Dres. Romero, Ronconi y Welp.-
Estudiados los autos la Sala II Laboral de la Excma. Cámara de Gualeguaychú propuso la siguiente cuestión a resolver:

¿Es justa la sentencia apelada? y, en su caso, ¿qué corresponde resolver?

A la cuestión propuesta el Vocal Vicente Martín Romero, dijo:

A fs. 142/145, el Sr. Juez a cargo del Juzgado del Trabajo Nº 3 de ésta ciudad, dictó sentencia rechazando el recurso de apelación contra el dictamen de la Comisión Médica Nº 8 -fs.29/31- interpuesto por la Sr. JUAN JOSE …, confirmando la decisión de la misma en cuanto sostuvo que la dolencia del actor -hipoacusia-, no resulta una enfermedad profesional -o no lo es por ruidos-, invocando que se trata de una enfermedad inculpable.-
Para así decidir, el magistrado de grado solo refirió a una cuestión estrictamente formal más que de fondo, siendo la misma la imposibilidad de practicarse al actor tres audiometrías como establece el decreto 659/96, por lo que entiende que se ha violentado el procedimiento legal y a partir de ello confirma lo dictaminado por la comisión medica nº 8, lo que es cuestionado por la recurrente en su escrito de agravios de fs. 150/157.-
Anticipo mi discrepancia con la sentencia puesta en crisis, por lo que propondré la revocación de la misma y a partir de tal solución, la admisión del recurso del actor -hoy sus sucesores María Amelia Quiroz y María José Sfardini- contra el dictamen de la comisión medica nº 8. Me explico.-
En primer lugar, resulta desacertado en mi criterio, lo sostenido por el magistrado de grado en cuanto a que se ha violado el proceso legal, con motivo de que al recurrente no se le practicaron las audiometrías que señala el sentenciante, por el simple y la lamentable motivo que el mismo falleció, lo que amerita sostener sin mayores explicaciones, que existía una imposibilidad fáctica de cumplir con tal cometido. En autos esta circunstancia era conocida y fue denunciada por el perito Grané -fs.97/98-, al cual se le ordenó de todas maneras practicar la pericia con los elementos obrantes en autos -fs.104-, resultando un contrasentido que luego en la sentencia se argumentare de tal manera para rechazar la apelación.-
Aclaro que dicha incongruencia, puede tener motivo en que intervinieron distintos jueces en autos, siendo que uno resolvió la realización de la pericia con los elementos de juicio (Dr. Martínez fs. 104) y quien finalmente rechazo la apelación en la sentencia (Dr. Stettler) por no contarse con las audiometrías cuya inexistencia e imposibilidad de realización, habían sido previamente denunciadas al primero de los magistrados intervinientes.-
Sin perjuicio de ello, el dictamen de la comisión médica nº 8 se emitió con basamento en la única audiometría existente en autos -ver fs. 30-, practicada por la Lic. Lerner y obrante a fs. 19, sin que se planteare en la oportunidad la necesidad de la realización de las tres audiometrías -y siendo que en dicho momento el Sr. Sfardini vivía-, lo que amerita concluir que se puede efectivamente dictaminar con una sola audiometría -tal como lo efectuó en definitiva la comisión medica en sede administrativa y el Dr. Grané en estos obrados-, pues la realización de las tres lo es a los fines de garantizar con mayor firmeza el resultado de la misma, lo que no implica que solo con una no se pueda dictaminar, tal como sucedido insisto sobre todo en sede administrativa.-
Salvada entonces esta cuestión procesal, y adentrándome al fondo del recurso en sí, considero que asiste razón a la parte recurrente, al advertir que la dolencia verificada en el hoy extinto Juan Sfardini, -hipoacusia bilateral-, era de origen laboral al ser generada ruidos.-
Y digo ello por cuanto no viene controvertido que el originario apelante trabajó durante una gran cantidad de años en un ambiente ruidoso, pues era armador y trazador de calderas u oficial múltiple -recibos de fs. 17/18 no desconocidos-, en una empresa metalúrgica -Lito Gonella- ubicada en el parque industrial de nuestra ciudad, dedicada a la fabricación de Calderas, Tanques Metálicos, Accesorios Tanques, Calderas de Fluido Térmico, Tanques para Combustibles, siendo evidente en dicho contexto, que estaba expuesto al ruido más allá de la negativa genérica que efectúa la ART.-
En segundo lugar, resulta importante lo sostenido por mi colega de Sala Dr. Ronconi en los autos “Zarate c. Municipalidad de Gualeguay” Expte. 529/SL del 8-11-2016, relativo a que si la ART no rechazó en término como sucede en la especie, (ver informe jurídico de la SRT de fs.20/21) el siniestro o enfermedad -art. 6 del Dec. 717/96-, significa que reconoció tanto su acaecimiento como la “laboralidad” del mismo. En otros términos: el no rechazo del infortunio denunciado debe ser tenido como aceptación o reconocimiento de que aquel fue víctima de una contingencia de las que contempla el art. 6 de la Ley 24557. Ello así en virtud de lo que dispone el art. 6 del Dec. 717/96, norma que exige a la aseguradora se expida expresamente aceptando o rechazando el siniestro, sancionando su silencio como en el caso, como aceptación de la pretensión.-
En dicha tesitura, cobra relevancia el dictamen practicado por el perito Médico Dr. Grane de fs. 106/114, quien se expide indicando que el actor padece hipoacusia perceptiva bilateral relacionada con su ambiente de trabajo, detallando que la pérdida auditiva que da cuenta la audiometría obrante en autos, es frecuente encontrarla en operarios que desarrollan su tareas expuesto a ruidos. En dicho contexto, recuerdo que “…la circunstancia de que el dictamen no obligue al juez…no importa que este pueda apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo; la desestimación de sus conclusiones ha de ser razonable y fundada…” (cfr. Falcón, “Tratado de Derecho Procesal”, Tomo II, pág. 1180; y Devis Echandia, H.: “Teoría General de la Prueba Civil”, Ed. Zavalía 1972, Tomo II, página 348), y en la especie no encuentro elementos para apartarme de tales conclusiones.-
Es dable memorar en este punto que esta Sala viene reiterando que resulta atinado y prudente seguir el criterio sustentado por el STJER in re “Vargas c. Carraza” (del 27-6-2011), causa en la cual, frente al cuestionamiento de una experticia médica (más precisamente respecto de la determinación de la causalidad de las afecciones padecidas por un trabajador) el cimero tribunal provincial encomió “la particular relevancia que a estos efectos reviste el informe pericial, no existiendo ninguna duda en cuanto que para establecer el daño sufrido por un trabajador a consecuencia de un infortunio laboral, y sus secuelas, la pericia médica resulta la prueba más idónea y adecuada …”.-
Esto se compadece asimismo con doctrina médica, pues en Manual de Enfermedades Profesionales, nuevas modificaciones Decreto 49/2014, y relacionado con la pérdida auditiva, en cuanto a los criterios de diagnósticos se indica que el Comité de Ruido y Conservación de Audición del American College de Otorrinolaringología, las siguientes características para la hipoacusia perceptiva por el ruido: 1) es siempre una hipoacusia neurosensorial que afecta las células del órgano; 2) es casi siempre bilateral con patrones audiométricos similares para ambos oídos; 3) raramente produce pérdida auditiva profunda (usualmente los límites para las perdidas están alrededor de 40 dB y en frecuencias altas 75 dB; 4) en la medida que aumenta el umbral de audición la velocidad de perdida decrece; 5) los daños más precoces en el oído interno se reflejan en frecuencias de 3000 hz, 4000 hz, las cuales se encuentran más acentuadas que en 5000 hz; 6) la exposición continua al ruido a lo largo de los años es más perjudicial que exposiciones interrumpidas. Y en cuanto al diagnóstico nosológico de la hipoacusia perceptiva por el ruido puede ser establecida por los siguientes procedimientos : a) anamnesis clínica y ocupacional; b) examen físico y otoscopia; c) evaluación audiológica y en su caso exámenes complementarios.-
Como se advierte, en el caso se dan varias de tales particularidades que tomo en cuenta para arribar a la solución que viene impulsada, sobre todo el hecho de que las perdidas están alrededor de los 40 dB y en frecuencias altas de 75 dB, lo que resulta compatible con la audiometría obrante a fs. 19, y que me llevan a apartarme de lo dictaminado oportunamente por la comisión médica nº 8.-
En este marco fáctico, resulta fundamental el hecho de que la ART no obstante su situación de superioridad sobre el actor, nada aportare en autos, concretamente me estoy refiriendo a los exámenes médicos que, según la Ley 19.587, la patronal o la aseguradora, según el caso, debieron realizar. Así, no obra en autos examen preocupacional y dado ello el sentido común exige que el intérprete entienda que al ingresar a su empleo el empleado se encontraba sano y apto o, en otras palabras, que portaba un 100% de capacidad.-
Luego, y esto me parece de suma significación, tampoco se trajo al juicio el legajo de salud del demandante, en especial las constancias de la “revisación periódica” que la ART debe realizar (arg. cfme. art. 3º de la Resol. 37/2010 SRT), lo cual resulta dirimente en el contexto de hechos sucedidos.-
Para finalizar agrego, que el hecho de que el perito relate hechos controvertidos, no es motivo para desacreditar el valor de tal pericial en lo concerniente a la cuestión técnica constatada, pues sabido es que este muchas veces toma tales hechos a partir de las propias manifestaciones que le hace el actor en la oportunidad del examen o que surgen del propio expediente. Lo concreto para el caso, es que Grané examinó al actor y además de haber constatado las secuelas indicadas ut-supra, determinó que estas resultaron o fueron producto del ambiente de trabajo donde el mismo cumplió tareas durante una gran cantidad de años.-
Por todo lo ut-supra expuesto, propongo: 1º) HACER LUGAR al recurso de apelación contra el dictamen de la Comisión Médica Nº 8 de Paraná y REVOCAR la sentencia de primera instancia; 2º) ESTABLECER que el Sra. JUAN JOSE SFARDINI padecía una incapacidad resarcible por el en el marco del sistema de la LRT, del 17,12 % -pericia fs. 130-, por la hipoacusia perceptiva bilateral producto del trabajo; 3º) IMPONER las costas de ambas instancias a la ART vencida. 4º) ENCOMENDAR al a quo, que una vez que determine los honorarios correspondientes a esa instancia, proceda a regular los correspondientes por la intervención ante esta Alzada, los que propongo fijar en un 40% de los que resulten de esa instancia (art. 64 Ley 7046).-
Así voto.-

A la misma cuestión el Vocal Fabián Arturo Ronconi, dijo:
Que, por compartir sus fundamentos, adhiero a la solución propuesta por el Sr. Vocal preopinante.-
Así voto.-

A la misma cuestión el Vocal Alberto Adrián Welp, dijo:
Que existiendo mayoría, hace uso de la facultad de abstención autorizada por el art. 47 L.O.P.J. (texto según ley 9234).-
Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordada la
Sentencia siguiente:

Fdo.: VICENTE MARTIN ROMERO – FABIAN ARTURO RONCONI – ALBERTO ADRIAN WELP (abstención)

Ante mí: JOAQUIN MARIA VENTURINO
Secretario Interino

S E N T E N C I A:

Gualeguaychú, 16 de junio de 2017.-

Y V I S T O:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede; por mayoría,

S E R E S U E L V E:

I.- HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte actora (hoy sus sucesores María Amelia Quiroz y María José Sfardini), y ESTABLECER que el Sr. Juan José Sfardini padecía una incapacidad resarcible por el en el marco del sistema de la LRT, del 17,12 % -pericia fs. 130-, por la hipoacusia perceptiva bilateral producto del trabajo, en consecuencia REVOCAR la sentencia de primera instancia.-
II.- IMPONER las costas de ambas instancias a la ART vencida.-
III.- ENCOMENDAR al a quo, que una vez que determine los honorarios correspondientes a esa instancia, proceda a regular los correspondientes por la intervención ante esta Alzada, los que propongo fijar en un 40% de los que resulten de esa instancia (art. 64 Ley 7046).-
REGISTRESE, notifíquese y oportunamente, bajen.-

Fdo.: VICENTE MARTIN ROMERO – ALBERTO ADRIAN WELP – FABIAN ARTURO RONCONI

Ante mí:

JOAQUIN MARIA VENTURINO
Secretario Interino

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Amparando Salud

Notas de Prensa. OSDE deberá restituir la cobertura a un jubilado por orden judicial


Aquí las respuestas…

OSDE deberá restituir la cobertura a un jubilado por orden judicial

La prepaga dejó sin cobertura al marido de una socia inmediatamente después de que se jubiló.

La empresa de medicina prepaga OSDE debió volver sobre sus pasos y reasignar la cobertura de salud a un hombre a quien había dejado sin servicio por considerar que, por ser jubilado, correspondía que se afiliara a la obra social PAMI.

Así lo estableció la Justicia a instancias de una medida cautelar que presentó la red de abogados Amparando Salud. La entidad consideró en un comunicado que la cautelar constituye “un antecedente muy importante para la continuidad de las coberturas de salud de las personas”, y reivindicó el objetivo de “la permanencia en sus obras sociales y prepagas por derivación de aportes de trabajadores, que se encuentran en situación de jubilarse o que por causas de mala información dan de baja las obras sociales”.

Los abogados explicaron que la titular de OSDE es la mujer del afiliado perjudicado, quien todavía es trabajadora activa. “Ante este agravio a la salud y los derechos, actuamos rápidamente y pedimos una medida cautelar, la cual fue concedida, dado además el agravante del estado de salud de nuestro cliente, quien es trasplantado y debe tomar medicación muy cara”, argumentó el equipo de abogados.

No es la primera vez que esta empresa prepaga queda expuesta por arbitrariedades. En 2013, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial le ordenó restablecer el servicio a un afiliado y a su mujer en el mismo plan al que suscribía al momento de obtener el beneficio de la jubilación.

No se trata de un caso aislado. Los conflictos entre las empresas de medicina prepaga y los sujetos a quienes se niegan a cubrir una vez que salen del mercado laboral son un clásico de los últimos años.

Las trabas de las empresas abundan como también las repercusiones legales que generan. Los demandantes denuncian toda clase de impedimentos administrativos. Aun después de la aprobación de una ley que prohibió a las firmas el impedimento de las afiliaciones para mayores de 65 años.

En este caso particular, el juzgado Civil y Comercial Federal Nº 11 concluyó que “encontrándose en juego uno de los bienes esenciales del ser humano, cual es, la salud e integridad física de las personas (…) dispónese la cautelar solicitada”. E intimó a OSDE a “restablecer la afiliación y cobertura asistencial” al beneficiario.

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Trabajamos todos los días Para darte tranquilidad

Nueva Sentencia contra OSEDA y Galeno por permanencia en la obra social al llegar la jubilación

Conocimos en estos días, una nueva sentencia definitiva contra la Obra Social de Empleados de Despachantes de Aduanas -OSEDA-[1] (la cual tiene como uno de sus prestadores de salud a la Prepaga Galeno), la cual ordeno mantener la obra social a la trabajadora en su jubilación en los mismos términos que lo hacía en actividad.

Los fundamentos son los mismos en los que fundamos nuestras demandas, la libre opción que tiene el trabajador de quedarse en su obra social sindical, la cual debe hacer al momento de llegar la jubilación, esto es una vez iniciada u otorgado el beneficio.

Su señoría dice que …del estudio simultáneo de las leyes 16.810, 18.980 y 19.032, resulta que con la creación del PAMI no se produjo un pase automático de los beneficiarios de las obras sociales a las que pertenecían, al ente creado mediante las última de las normas, tal   transferencia,  como   allí   se   apunta,   se encontraba supeditada a la opción que voluntariamente realizaran quienes   estuvieren   interesados   en   ello.

Esta es la piedra basal de tu derecho a quedarte en tu obra social sindical, con o sin plan superador o coorporativo, es lo que desde Amparando Salud, venimos difundiendo y ejecutando en derechos para nuestros clientes.

Si estas en esta situación no dudes en llamarnos, sabemos cómo hacerlo.

#AmparandoSalud

 

 

[1] 6197/2015 S. B. A.   c/   OBRA   SOCIAL   DE EMPLEADOS DE DESPACHANTES DE ADUANA s/AMPARO DE SALUD Juzgado Civil y Comercial Federal Nro. 4

Amparando Salud

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osde plan superador

Nota de Prensa. OBLIGAN A OSDE A MANTENER COBERTURA DE SALUD PARA JUBILADO

OBLIGAN A OSDE A MANTENER COBERTURA DE SALUD PARA JUBILADO

Habían suspendido la obra social de afiliado OSDE, por un error en el cruce de datos con ANSES
Redacción de Algo Pasa Buenos Aires

Un jubilado afiliado a la OSDE (Obra Social de Empresarios) había perdido su cobertura de salud y había sido pasado a PAMI por la fuerza, aduciendo errores de sistema de la ANSES; pero por una presentación judicial se logró que volviera a su antiguo prestador.

La red de abogados Amparando Salud, encabezada por los doctores Armando Sabadini y Nicolás Oszust, logró que la obra social Prepaga “OSDE” mantenga la cobertura de salud para un afiliado que estaba jubilado. Desde la prepaga, luego de un cruce de información con ANSES, aludían que debía estar afiliado a la obra social de jubilados y pensionados, situación que se logró revertir a favor del afiliado, mediante una medida cautelar.

“Esta cautelar es un antecedente muy importante para la continuidad de las coberturas de salud de las personas. Lo que buscamos es la permanencia en sus obras sociales y prepagas por derivación de aportes de trabajadores, que se encuentran en situación de jubilarse o que por causas de mala información dan de baja las obras sociales”, indicaron desde Amparando Salud.

En la actualidad, la titular de OSDE es la mujer del afiliado perjudicado (que todavía es trabajadora activa): “habiéndose jubilado, hicimos el amparo y lo mantuvimos en la obra social”, explicaron desde Amparando Salud.

En este sentido, el equipo de Abogados resaltó que “ante este agravio a la salud y los derechos, actuamos rápidamente y pedimos una medida cautelar, la cual fue concedida, dado además el agravante del estado de salud de nuestro cliente, quien es trasplantado y debe tomar medicación muy cara”.

CAUTELAR
“En consecuencia, en mérito a lo expuesto, encontrándose en juego uno de los bienes esenciales del ser humano, cual es, la salud e integridad física de las personas, reconocido por la Constitución Nacional y los pactos internacionales (art.25, inc.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art.10 del Protocolo de San Salvador -Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- aprobado por la Ley 24.658) y en virtud de lo dispuesto por el 230 del CPCC y art. 9 inc a de la Ley 23.660, previa caución juratoria que se tiene por prestada con el escrito de inicio, dispónese la cautelar solicitada. En consecuencia -previa presentación de los carné originales a los fines de la certificación por la Actuaria de las copias que lucen a fs.1/4-, intímese a OSDE (ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS) a fin de que arbitre los medios pertinentes para restablecer la afiliación y cobertura asistencial del Sr. R. A. C., esposo de la actora Sra. L. A. P., debiendo los peticionarios cumplir con las obligaciones a su cargo. Ello hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. A tal fin líbrese oficio con habilitación de días y horas inhábiles”. JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 11, “P. L. A. Y OTRO c/ OSDE s/AMPARO DE SALUD”.-

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